¿Podemos aportar una grabación como medio de prueba en un juicio?

En cuanto a las aportaciones de pruebas a juicio entran en juego el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución española, y por otro lado, en un ámbito procesal, en cuanto al acceso, y admisión, de las grabaciones como medios de prueba al proceso penal, a propósito del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías, con fundamento los artículos 9.3 y 24 de la Constitución Española.

Para contestar esta pregunta debemos distinguir dos situaciones:

Por un lado, grabaciones propias, en las que uno de los intervinientes en la conversación es quien utiliza un elemento de registro de la voz o la imagen, siendo indiferente que la otra parte tenga conocimiento o no, que está siendo grabado, y por otro lado, las grabaciones ajenas, las cuales se graban conversaciones entre terceras personas que desconozcan que están siendo grabados y esa información llega a oídos ajenos.

En el caso de las grabaciones propias, la parte puede aportar la grabación de dicha conversación como prueba, teniendo validez y siendo el juez quien discrecionalmente decida sobre su admisión.
Ahora bien, en el segundo caso, se presumiría vulneración del derecho a la intimidad (art. 18 CE) y no se admitiría, pudiendo ocasionarle a esta tercera persona consecuencias jurídicas, pudiendo incluso llegar a ser castigada por el delito de revelación de secretos del artículo 197 CP: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Sin embargo, el Auto de la AP Madrid de 28 abril 2004, recupera la doctrina constitucional (STS 7-II-1992, 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 286/1998) para desestimar un recurso contra el sobreseimiento de una querella por infracción del artículo 197 del CP con la base de que:”….la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conservación, que bien se puede grabar magnetofónicamente o dejar constancia de su contenido por cualquier otro método escrito. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o menos confiadamente, a los que les escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico.”

Destacamos a continuación jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo que confirma lo dicho anteriormente:

-Sentencia del Tribunal Supremo núm. 710, de 6 de julio de 2000: “En consecuencia, no cabe apreciar, en principio, que la grabación de una conversación por un interlocutor privado implique la violación de un derecho constitucional, que determine la prohibición de valoración de la prueba sí obtenida. Por todo ello, la inadmisión de esta prueba propuesta por la representación de las víctimas configura una actuación excesivamente rigurosa y formalista que generó indefensión a la parte proponente de la misma.”

-Sentencia del Tribunal Constitucional (sala 2ª) núm. 702, de 20 de mayo de 1997: “no existe vulneración del derecho a la intimidad cuando es el propio recurrente quien ha exteriorizado sus pensamientos sin coacción de ninguna especie“; “la grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción ni a la intimidad del recurrente. “

-Sentencia del Tribunal Supremo núm. 178, de 1 de marzo de 1996: “[…] El contenido de una conversación puede llegar al proceso por la vía de su reproducción oral si alguno de los asistentes recuerda fielmente lo conversado, o mediante la entrega de una cinta que recoja textualmente, con mayor o menor calidad de sonido, el intercambio de palabras entre los asistentes. Cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las transmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico.“

-Sentencia del Tribunal Supremo núm. 375, de 7 de Febrero de 1992: “La grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conversación, que bien se puede grabar magnetofónicamente o dejar constancia de su contenido por cualquier otro método escrito.”
Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1984, de 29 de noviembre de 1984: “Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.”

Por otro lado, puede existir una comunicación de datos personales, y por tanto someterse a la Ley de protección de datos (LOPD). Si en la grabación intervienen únicamente personas físicas para fines meramente personales, ya que la voz es un dato de carácter personal.

El artículo 5 LOPD regula el deber de informar previo a la recogida de los datos, pero sería absurdo informar de la realización de la grabación en muchos casos pues el contenido de la misma perdería gran parte de su valor. Solamente la Ley prevé expresamente ñlos casos en los que no se necesitaría consentimiento expreso, como es el caso de que la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.

Cabe destacar, que aun existiendo jurisprudencia como la detallada, la admisión de pruebas es a criterio discrecional del Juez, por lo que podrá admitir o no las pruebas propuestas por las partes.
En caso de inadmisión de prueba, tanto de este tipo como de otras, la parte que la haya propuesto podrá formular protesta e interponer recurso por entender que existe vulneración del artículo 24.3 de nuestra Constitución (derecho a la tutela judicial efectiva), en ese caso será un órgano superior el que decidirá.

En conclusión, resulta muy difícil saber a ciencia cierta cuándo puede aportarse y cuando no, ya que entran en conflicto muchas veces el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad, incluyendo en este derecho la protección de datos de carácter personal.

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