Principales modificaciones de la Ley de propiedad Horizontal

El pasado 27 de junio se publico en el BOE la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Los tres objetivos que persigue esta Ley son los siguientes:

1º) Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.

2º) Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas.

3º) Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética.

Para ello, además de los contenidos nuevo de la propia ley, modifica una serie de normal que actualmente se encuentran en vigor, entre otras, la “Ley de Suelo”, la “Ley de Economía Sostenible”, la “Ley de Ordenación de la Edificación”, el “Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación” y la “Ley de Propiedad Horizontal”.

 

Comunidades de Propietarios

Nosotros vamos a centrarnos en la modificación sobre Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

Estas modificaciones se encuentran en la disposición final primera de la citada Ley, el objetivo que persigue evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.

En esta disposición se modifican los artículos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposición adicional de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, además de derogar los artículos 8,11 y 12.

Los principales puntos a tener en cuenta de la referida reforma son:

1º) La Ley se aplica también:

-A las subcomunidades,

-A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan sus estatutos.

2º) Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley (en lugar del acuerdo por unanimidad)

3º) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.

4º) Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes (en lugar de la anualidad en curso y el año anterior) a efectos del artículo 1.923 del Código Civil.

5º) El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisión.

6º) El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por ciento de su último presupuesto ordinario.

La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del ejercicio presupuestario, al mínimo legal establecido.

7º) Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, algunas actuaciones mencionadas en el artículo 10.

8º) Cambian los acuerdos de la Junta de propietarios, concernientes entre otras a:

1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de             telecomunicación o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.

2. La realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor.

3. El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general.

5. La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio.

Pincha aquí para visualizar la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

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