¿Cómo podemos enviar comunicaciones comerciales cumpliendo con la Ley?, y si somos destinatarios de esas comunicaciones comerciales ¿cómo podemos oponernos al envío?

Artículo publicado el 16 de agosto de 2013 en el periódico digital “LA NUEVA RUTA DEL EMPLEO”

En este post  vamos a ver los aspectos legales que afectan a las comunicaciones comerciales electrónicas, dentro de las cuales se engloban no solo las comunicaciones comerciales vía e-mail, sino también las comunicaciones comerciales a través de las redes sociales o profesionales y a través de la telefonía móvil.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la “LSSICE”) define las comunicaciones comerciales como ”toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional”.

En este marco legal, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas es lo que ha venido a definirse como “spam” o “correo basura”, que está completamente prohibido.

Con el objetivo de controlar el abuso de esas comunicaciones publicitarias electrónicas no deseadas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) faculta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para inspeccionar, y en su caso, sancionar las conductas irregulares que se produzcan.

Además, la práctica del “spam”, puede significar la vulneración del derecho a la protección de datos personales y el incumplimiento de la legislación reguladora vigente (LOPD), ya que hay que tener en cuenta que la dirección de correo electrónico puede ser considerado como dato de carácter personal según la AEPD. En este punto, la LSSICE y la LOPD se complementan para generar un marco regulatorio restrictivo, y protector respecto de los consumidores y usuarios frente a las comunicaciones comerciales electrónicas no deseadas.

La AEPD es, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, el organismo competente para iniciar y llevar a cabo los expedientes sancionadores en materia de “spam”, y en definitiva para tutelar los derechos y garantías respecto de los datos de usuarios en el ámbito de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. La LSSICE establece que corresponde a la AEPD la imposición de sanciones en el caso de infracción por la remisión de comunicaciones comerciales sin cumplir las previsiones estipuladas en su articulado.

La LSSICE regula las comunicaciones comerciales por vía electrónica en sus artículos 19 a 22 estableciendo las siguientes reglas:

Por parte del empresario:

1º)  En las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica (por ejemplo, un email o sms), debe identificarse claramente a la entidad cuyos productos o servicios se están promocionando en dicha comunicación, esta identificación deberá ser de forma clara.

2º) En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi”.

3º) En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.

4º) Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.

5º) En el caso de comunicaciones comerciales electrónicas por email, el email enviado debe contener una dirección válida que permita al destinatario revocar cualquier consentimiento o autorización para la recepción de dichas comunicaciones comerciales que pueda haber realizado anteriormente. Así, el destinatario del email debe poder revocar su autorización para la recepción de estos emails de forma directa y gratuita.

6º) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

7º) Informar de los derechos arco:

A efectos de protección de datos debería incluirse al pie del mensaje los datos del titular o responsable del fichero, y garantizar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

 

Por parte del usuario:

1º) El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, como hemos dicho anteriormente, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

2º) Revisar la información facilitada por su proveedor de acceso a Internet sobre herramientas que permitan el filtrado de contenidos no deseados.

3º) Si una vez que se ha revocado el consentimiento al prestador de servicios, y este sigue enviando comunicaciones comerciales, o si considera que se ha cometido una infracción del artículo 21 o del artículo 22 de la LSSI, diríjase a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

¿Nos merece la pena seguir enviando comunicaciones electrónicas sin adoptar las medidas legales necesarias?

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la LSSICE en materia de comunicaciones comerciales por vía electrónica puede dar lugar a sanciones de multa de hasta 30.000 euros, y en algunos casos, cuando se trate del envío masivo de comunicaciones comerciales, o el envío, en el plazo de 1 año, de más de 3 comunicaciones no solicitadas a un mismo destinatario, sanciones con multas de 30.001 hasta 150.000 euros.

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