¿Qué responsabilidad tiene los prestadores de servicios que faciliten en laces a contenidos?

¿Sabes ya como utilizarlas?
Tras la reforma del Código Penal que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, y que está a la espera de la aprobación definitiva en el Parlamento, todo el mundo se pregunta cómo afectará a las web de enlaces y a sus usuarios.

Hasta este momento sólo se castiga personalmente a quién “reproduzca, plagie, distribuya o comunique” obras protegidas con derechos de autor y no cuente con la autorización del titular de las obras.
Según la redacción actual del artículo 270 del Código Penal:

“Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quién, con ánimo de lucro, y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través  de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de propiedad intelectual o de sus cesionarios”. 

Como podemos observar, esta redacción no dice nada sobre las web de enlaces, y por tanto, es difícil de encajar este tipo de comportamientos en algunas de las conductas que son sancionadas penalmente.
Por ello, la mayorías de las sentencias, entre ellas, las sentencias de La Audiencia Provincial de Álava, del juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008, consideran que una web de enlaces no vulnera la propiedad intelectual.

Los magistrados sostienen que el sitio que únicamente facilite enlaces será responsable si tras conocer formalmente la ilicitud del contenido al que dirigen, no responde adecuadamente a la petición de retirada, conforme al artículo 17 de la Ley de Servicios de la sociedad de la información (LSSI-CE).

La sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008″ dice: “Sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva”

La acción de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas).

Por el contrario, existe alguna sentencia como la del Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia, en el juicio oral número 15/2013 que ha dictado sentencia condenando al propietario de tres webs por enlazar ilícitamente a contenidos protegidos, constató el ánimo de lucro y argumentó que los enlaces suponen comunicación pública.

Al ser difícil que los casos puedan prosperar en vía penal,  el Gobierno a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, creó la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo, al que dota de potestad para cerrar webs de enlaces por vía administrativa.

Además del citado órgano, con la reforma del Código Penal, el artículo 270 quedaría redactado de la siguiente manera:

“Será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión el que, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comercialice al por menor, facilite el acceso o comunique públicamente en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica […]”

Dicha reforma tipifica la actividad de enlazar a contenidos protegidos por derechos de autor (webs de enlaces), pudiendo ser castigados los administradores de dichas web con penas de hasta 6 años de cárcel, también se pretende acabar con las sentencias favorables a las webs de enlaces e instaurar un criterio único.

En mi humilde opinión, y la de numerosos abogados especializados en esta materia, estas restricciones van a provocar una “autocensura de los usuarios de Internet”. Resulta también paradójico como dice el abogado Almeida el hecho de que “algo que los jueces han dicho que no es delito ahora se criminaliza”.

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