Ventajas fiscales del Patent Box

Artículo publicado en La Nueva Ruta del Empleo. 
Patent Box es un incentivo fiscal, consiste en la minoración del 60% de la renta neta (Ingresos- Gastos) procedente de un activo intangible(patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etc).
Este incentivo fiscal surgió en la Unión Europea con el objetivo de promover la I+D+i en el sector privado, generar crecimiento económico mediante la creación de valores intangibles, y la internacionalización de las empresas españolas innovadoras. Se introdujo en España por la Ley 16/2007,  y se encuentra regulado en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades), modificado por el apartado dos del artículo 26 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
¿Quién puede beneficiarse de este incentivo?
Se puede beneficiar todo tipo de empresas que sean sujetos pasivas del Impuesto de Sociedades, y se aplica a  las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, desarrollados por la empresa, se integrarán en la base imponible en un 40 por ciento de su importe.
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para beneficiarse de Patent Box?
  1. Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25 por ciento de su coste.
  2. Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.
  3. Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado Miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos.
  4. Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.
  5. Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.
¿Qué ventajas ofrece el Patent Box?
  • Aplicable a cualquier empresa sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades.
  • Es posible minorar la base imponible un 60%.
  • El incentivo no sólo se aplicará a la cesión de activos intangibles, sino también a la transmisión cuando se haga entre entidades que no formen parte de un grupo mercantil.
  • Aplicabilidad sobre un mismo activo intangible sin límite de años.
  • Compatible con otras ayudas y las deducciones fiscales por I+D+i.
  • Posibilidad de solicitar a la Administración Tributaria acuerdos previos de calificación de lo activos y/o de valoración que den seguridad jurídica plena a la aplicación del incentivo.
  • Aprovechamiento del incentivo independientemente de la fecha de creación del intangible.
  • Independiente de la base imponible de la empresa.
  • Puede aplicarse con bases imponibles negativa.
  • En el caso de activos no reconocidos en el balance, se entiende por rentas el 80% de los ingresos procedentes de su cesión.
¿Qué desventajas ofrece el Patent Box?
  • Si la empresa la aplica mal pueden enfrentarse a grandes multas.
  • Dificultad para identificar y cuantificar los activos intangibles.
  • Dificultad para estructurar contractualmente la operación de cesión.
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¿Cómo podemos proteger nuestro derecho a la imagen personal?

Artículo publicado en La Nueva Ruta del Empleo
Cada vez es más común ver imágenes nuestras publicadas en redes sociales, sin nuestro consentimiento, incluso dañando nuestra imagen personal. Y cada vez que nos encontramos ante esa situación nos planteamos, ¿Qué podemos hacer para tutelar el derecho a la imagen?

El derecho la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Tenemos diferentes vías parapoder tutelar este derecho:

  1. Por la vía Civil: se encuentra regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre proteccióncivil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho esta garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas. La captación de imágenes de otra persona, sin consentimiento, y su publicación, esta considerado como una intromisión ilegitima en la esfera privada de ésta, y en consecuencia podríamos reclamar una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. La Ley citada nos tasa cuales son las acciones que se consideran intromisiones ilegitimas, y cuales no. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a la imagen podrá recabarse por las vías procesales ordinarias.
  2. Por la vía administrativa: esta amparada por la Ley Organiza 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, al considerarse la imagen como un dato de carácter personal, sobre esta vía ya hemos hablado en otros artículos anteriormente publicados.
  3. Por la vía penal: Podríamos acudir a la está vía cuando una persona descubre secretos o vulnera la intimidad de otro, sin su consentimiento, apoderándose de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, pudiendo ser castigado con penas de prisión y multas.

Tenemos que tener cuidado a la hora de hacernos con imágenes de otras personas, y obtenerlas, a ser posible con el consentimiento del tercero, ya que de obtenerlas ilícitamente, la otra persona podrá ejercitar acciones judiciales oportunas y reclamarnos por los daños y perjuicios ocasionados, incluso podríamos incurrir en un delito.

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Lo que hay que saber sobre el régimen de franquicia

El ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la regulación y la comunicación de datos al registro de franquiciadores se encuentra regulado en el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero.

Esta Ley tiene por objeto establecer las condiciones básicas para desarrollar la actividad de cesión de franquicias y la regulación del funcionamiento y organización del registro de franquiciadores.

Se entiende por actividad comercial en régimen de franquicia, aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios.

Deberá comprender, por lo menos:

  1. El uso de una denominación o rótulo común  u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.
  2. La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y
  3. La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial,técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.

No tendrá la consideración de franquicia:

  • El contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva.
  • La concesión de una licencia de fabricación.
  • La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona.
  • La transferencia de tecnología.
  • La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.

Información precontractual al potencial franquiciado:

Con una antelación mínima de veinte días hábiles a la firma del contrato o precontrato de franquicia o a la entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador o franquiciado principal deberá dar por escrito al potencial franquiciado la siguiente información veraz y no engañosa:

  1. Datos de identificación del franquiciador.
  2. Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, y de los eventuales recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a la titularidad o al uso de la marca, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.
  3. Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que abarcará los datos más importantes de aquél.
  4. Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos, la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y el desarrollo de la red franquiciada.
  5. Contenido y características de la franquicia y de su explotación.
  6. Estructura y extensión de la red en España.
  7. Elementos esenciales del acuerdo de franquicia.

El franquiciador podrá exigir al potencial franquiciado un deber de confidencialidad de toda la información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador.

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¿Qué es importante saber antes de enviar correos electrónicos a clientes?

Artículo publicado en “La nueva ruta del empleo”
En este último mes, debido a las campañas publicitarias navideñas, habremos podido observar cómo muchas empresas y particulares han mandado emails de forma masiva, encontrándose nuestro email entre el de multitud de personas; habremos recibido también emails de personas desconocidas a las que no hemos autorizado para que nos manden emails con fines comerciales, etc.

A mí cada vez que recibo uno de esos correos electrónicos se me ponía la piel de gallina, al pensar que mi email se encuentra entre esa multitud de correos y que cualquiera de los destinatarios puede hacer uso de esos correos para la finalidad que quiera sin autorización ninguna.

¿Sabíais que un email es un dato de carácter personal? ¿Sabíais que por enviar comunicaciones comerciales sin el consentimiento del perjudicado y/o por mandar emails con múltiples destinatarios y sin copia oculta podrías ser sancionado con multas de 900 a 600.000 euros?

Los casos anteriormente descritos son sancionables por la Agencia Española de Protección de datos. En una de las resoluciones la agencia sancionó a un partido político por enviar a un particular un correo electrónico sin haber dado su autorización para recibir información, y sin saber ese particular de dónde habían obtenido sus datos. En otro caso, una entidad bancaria, envió un correo electrónico a uno de sus clientes a su dirección particular, incluyendo por error en el correo electrónico como destinatarios todas las direcciones de email de sus clientes visibles. Estos son algunos de los ejemplos por las que la Agencia Española de Protección de Datos puede sancionar si no tenemos cuidado a la hora de enviar emails.

Primero de todo, debemos saber si un correo electrónico puede considerarse un dato de carácter personal, y para ello, el artículo 3.a) de la LOPD define los datos de carácter personal como: ”Cualquier informaciónconcerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Añade el artículo 5.1.g) del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21de diciembre (RLOPD), que dato de carácter personal es “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible derecogida, registro, tratamiento o transmisión concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

La Agencia Española de Protección de datos, sostiene en numerosos informes, que la dirección de correo electrónico de una persona puede ser, en su caso, considerada dato personal. A este respecto, de acuerdo con dichos informes: “…, debe indicarse que la dirección de correo electrónico se forma por un conjunto de signos o palabras libremente elegidos generalmente por su titular, con laúnica limitación de que dicha dirección no coincida con la correspondiente a otra persona. Esta combinación podrá tener significado en sí misma o carecer del mismo, pudiendo, incluso, en principio, coincidir con el nombre de otra persona distinta de la deltitular. Por todo ello, en aras a asegurar, en los términos establecidos por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, la máxima garantía de los Derechos Fundamentales de las personas, entre los que se encuentrael derecho a la “privacidad”, consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución, será necesario que la dirección de correo electrónico, en las circunstancias expuestas, seencuentre amparada por el régimen establecido en la LOPD”.

Por tanto, la dirección de correo electrónico de una persona física, en la medidaque permite identificar a su titular sin plazos ni actividades desproporcionadas,constituye un dato personal y su tratamiento en casos como el presente, y sin perjuiciode las previsiones específicas establecidas por la Ley de Servicios de Sociedad de laInformación para otros supuestos, está sometido a las previsiones de la LOPD.

En segundo lugar, una vez seguros que elcorreo electrónico es un dato de carácter personal, debemos saber que necesitamos tener el consentimiento de la persona física a la que pertenece ese correo electrónico para poder enviarle comunicaciones electrónicas. 

La LSSI, en su artículo 21.1, prohíbe de forma expresa “el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio decomunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”. Es decir, se desautorizan las comunicaciones comerciales dirigidas a la promoción directa o indirecta de los bienes y servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, si bien esta prohibición encuentra la excepción en el segundo párrafo del citado artículo, que autoriza el envío cuando “el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que fueron objeto de contratación”. De este modo, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, fuera del supuesto excepcional del art. 21.2 de la LSSI, puede constituir una infracciónleve o grave de la LSSI.

El artículo 6.1 de la LOPD, por consiguiente, dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Por su parte, el apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo que: “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para elejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, ocuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos.

Por último, vamos a ver la gravedad que tiene el envio de comunicaciones por correo electrónico cuando se realiza en forma masiva, al incumplirse el deber de secreto.

La Agencia en numerosas resoluciones ha sancionado por la infracción del deber de secreto contenido en el artículo 10 de la LOPD. Dicho artículo establece lo siguiente: “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular delfichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El deber de secreto que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable o quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos almacenados no puedan revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

En este sentido, la Audiencia Nacional también ha señalado, entre otras, ensentencias de fechas 14 de septiembre de 2001 y 29 de septiembre de 2004 lo siguiente: “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la CE.El artículo 44.2.e) de la LOPD califica como infracción leve: “Incumplir el deber desecreto establecido en el artículo 10 de esta ley, salvo que constituya infracción grave”.

Por todo lo anterior, debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva enviar emails de forma masiva a varios destinatarios sin copia oculta, al igual que debemos saber que no podemos enviar emails a personas físicas sin tener autorización de esas personas, ya que teniendo en cuenta estas recomendaciones podemos cumplir con la normativa y librarnos de multas indeseadas por descuidos.

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¿Puede un empresario grabar a sus empleados? ¿De qué modo?

Artículo publicado en “la nueva ruta del empleo”.
Muchos de nosotros nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida si podemos grabar a nuestrostrabajadores, o si por el contrario, podemos ser grabamos mientras nos encontramos trabajando.
Grabarempleados
¿Son legales las grabaciones a los empleados?
Pues bien, la seguridad y la vigilancia no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que si se exige es respetar la normativa existente en materia de protección de datos.La captación de imágenes con fines de vigilancia y control se encuentra plenamente sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), ya que constituye un tratamiento de datos de carácter personal.
El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, define datos de carácter personal como: “Cualquierinformación numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.El tratamiento de las grabaciones se encuentra además de en la LOPD, de forma específica en laInstrucción 1/2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, en cuyo artículo 1 señala que la citada Instrucción “se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras” entendiéndose por tratamiento “la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.”

El tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a que se cumpla con el deber de información a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la LOPD el cual refuerza lo siguiente:

“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

  • De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
  • Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
  • De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
  • De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  • De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

En cuanto a la forma de facilitar dicha información, debe tenerse en cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1/2006 que establece que “Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

  • Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
  • Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción”.

Por otra parte, el artículo 4recoge que las imágenes que se capten serán las necesarias y no excesivas para la finalidadperseguida; el artículo 7 obliga a notificar de la existencia de los ficheros a la AgenciaEspañola de Protección de Datos y el artículo 8 obliga a implantar de medidas de seguridad.

En cuanto a la instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo, se plantea en primer lugar, si es necesario el consentimiento inequívoco de los trabajadores. En cuanto al consentimiento, entraña cierta complejidad, especialmente cuando nos referimos al ámbito laboral, dado que resulta de difícil cumplimiento que en ese ámbito concurran los requisitos legalmente previstos para considerar que se ha obtenido libremente el consentimiento.

La Agencia Española de Protección de Datos, ha entendido que lo procedente es acudir a las normas que legitimen el tratamiento de los datos. Por tanto, en el ámbito laboral, el Ordenamiento Jurídico Español, regula en el Estatuto de los Trabajadores, los poderes de Dirección del empresario y es en ése articulado donde hallamos la oportuna legitimación.

En cuanto al consentimiento para el tratamiento de los datos personales, el artículo 6de la LOPD dispone lo siguiente:

  • El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado,salvo que la ley disponga otra cosa.
  • No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) dispone que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.

No se puede obviar la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de junio de 2006, en virtud de la cual dichas medidas (como las relacionadas con la utilización de Internet y correo electrónico) deben haber sido hechas constar expresamente al trabajador, pasando así a formar parte de la propia relación laboral y siendo el tratamiento de los datos necesario para su adecuado desenvolvimiento.

De todo ello se desprende que el empresariose haya legitimado para tratar las imágenes de los trabajadores en el ámbito laboral, al amparo del artículo 20.3 del ET. Ahora bien, esta legitimación no es absoluta y exige por parte del empresario la obligación de informar de dicho tratamiento a los trabajadores, por lo que yo aconsejaría tener en cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1 /2006, distintivos informativos visibles, información prevista en el artículo 5, además lo incluiría en el contrato de trabajo para que no hubiese lugar a dudas del deber de información y consentimiento por parte del trabajador.

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Derecho al olvido

Artículo publicado en La Nueva Ruta del Empleo.
Es el derecho que tiene una persona a borrar, bloquear o suprimir información personal que encuentra en los medios sociales y se consideran obsoletos por el transcurso del tiempo y afecta de alguna manera a derechos fundamentales.

En muchos casos nos encontramos que cuando buscamos nuestro nombre en un buscadoraparecemos en multitud de páginas, ya sean nuestras o de otras personas, datos cedidos por nosotros o incluso en noticias de periódicos, blog, etc, sin nuestro consentimiento.

Ante esta situación, muchas veces nos planteamos  ¿qué hacen esos datos sobre nosotros en Internet? y ¿podríamos hacer que se eliminaran o rectificaran?. Esta cuestión dependerá siempre de la información que aparezca publicada sobre nosotros, es decir, si es información veraz y actualizada, o en cambio, son injurias y/o calumnias vertidas por otras personas.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal (LOPD) en su artículo 4 menciona que los datos de carácter personal que se recojan deben ser exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.

Así que en el caso de encontrarnos información sobre nosotros que no sea veraz o no esté actualizada, siempre podremos ejercer nuestro derecho de rectificación recogido en el artículo 16 de la LOPD.
 Para ello, debemos ponernos en contacto con el responsable del tratamiento de esos datos, en general, con la persona que figura responsable del contenido de esa Web, pidiendo que rectifique esos datos actualizándolo o eliminándolos por ser falsos, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de contestarnos y/o rectificar esos datos en el plazo de 10 días. En la página de la Agencia Española de protección de datos podemos encontrar algunos de los formularios que podríamos utilizar para ejercer el derecho de rectificación.

Otra cuestión distinta, sería que esos datos fuesen veraces y hayan sido publicados por algún periódico o revista de interés público, ya que en este caso aunque nosotros no hayamos dado nuestro consentimiento, primaría el derecho a la información, y en estos casos no podríamos hacer nada, a no ser que con posterioridad se hubiesen modificado, por lo que podríamos pedirles que actualizaran ese contenido. Un ejemplo de este caso, sería que apareciese una noticia imputándonos de un delito, en este caso si es cierto no podríamos solicitar que retirasen esa noticia, pero en el caso de que con posterioridad nos hubiesen absuelto, podríamos solicitar que rectificaran la noticia y pusiesen que habíamos sido absueltos.

En caso de no recibir respuesta por parte de los responsables de esos contenidos en el plazo de 10 días,podríamos presentar una denuncia de los hechos ante la Agencia Española de Protección de datos,que dará inicio a una inspección por parte de la Agencia que no reportara una indemnización al perjudicado, pero sí una sanción al responsable de la web sí lo creen conveniente.

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5 aspectos legales a tener en cuenta al crear una APP

Artículo publicado en La nueva ruta del empleo
Para crear una aplicación para móviles debemos tener en cuenta una serie de exigencias legales como protección de datos, propiedad intelectual, comercio electrónico, ley de marcas, servicios de la sociedad de la información, etc.
  1. La protección de datos  es de las más importantes, ya no solo para no ser sancionados, sino para ofrecer mayor garantía a los usuarios y, por tanto, fomentar la confianza. Por ello, debemos tener muy en cuenta la privacidad y los datos personales.Si obtenemos datos personales deberemos limitarnos a los datos necesarios y mínimos, debe informarse al usuario, y a ser posible, dejar la posibilidad de que los usuarios puedan configurar su privacidad, sobre todo para el tema de geolocalización y cookies.
  2. Es importante también cumplir con la Propiedad intelectual y Ley de marcas, al necesitar de unamarca, nombre comercial o logo para la aplicación, deberemos registrarla para poder protegerla y explotarla correctamente, y para ser reconocidos nuestros derechos como creadores. Si necesitáramos colgar contenidos de terceros deberemos pedir autorizaciones de los autores y tener en cuenta las licencias.
  3. Al tratarse de programas informáticos o software, deberemos tener en cuenta la ley de patentes, ya que podremos registrarlos como patente para su explotación comercial y para no ser plagiados.
  4. Debemos desarrollar licencias de uso y condiciones que el usuario deba aceptar para poder hacer uso de la App. En las condiciones legales deberemos hacer una adecuación ala normativa y podereximirnos de cuantas responsabilidades podamos, para que después no puedan reclamarnos por el mal uso que se hagan de ellas.
  5. Aplicaremos la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, en cuanto aldeber de información a los usuarios y las responsabilidades que tenemos, debemos explicar bien quienes somos, nombre, CIF, domicilio, etc.

Si ponemos publicidad siempre deberemos identificarla como tal.

Como observamos, los requisitos legales mínimos a la hora de desarrollar una aplicaciones para móvil no son muy diferentes de los requisitos para montar una web, y debemos tenerlos en cuenta además de para obtener beneficios, para evitar perjuicios en un futuro.

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