¿Qué son las cookies y cómo cumplir con la «Ley de Cookies»?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies  permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Algunos ejemplos de lo que se puede hacer gracias a las cookies son: abrir webs sin tener que poner denuevo las contraseñas, llenar carritos cuando haces compras virtuales, ver publicidad según tus intereses, personalizar sitio web, etc..
Desde el año pasado hemos oído hablar de la “Ley de Cookies”, pero ¿existe una ley de cookies?
Realmente no existe una ley de cookies, lo que hemos oído hablar es de la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), por el Real Decreto-Ley 13/2012 de 30 de marzo, en su artículo 22.2 que nos indica “que se podrán utilizar cookies en equipos de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información”.
Este precepto se aplica a cualesquiera de los “dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos” en cualesquiera “equipos terminales de los destinatarios” y que el Anexo de la citada LSSI define como “Destinatario del servicio o destinatario” a la “persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información”.
Cuando la instalación y/o utilización de una cookie conlleve el tratamiento de datos personales, los responsables de tal tratamiento deberán asegurarse del cumplimiento de las exigencias adicionales  establecidas por la normativa sobre protección de datos personales, en particular en relación con los datos especialmente protegidos.
  • ¿Cómo podremos cumplir con la “Ley de cookies”?
El apartado segundo del artículo 22 de la LSSI establece que se debe facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
– Deberemos incluir en la web la siguiente información:
Advertencia del uso de cookies no exceptuadas que se instalan al navegar por dicha página o al utilizar el servicio solicitado.
Identificación de las finalidades de las cookies que se instalan. Información sobre si la instalación y uso de las cookies será solo del editor responsable de la web, o también de terceros asociados a él.
• En su caso, advertencia de que si se realiza una determinada acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.
Esta información se facilitará a través de un formato que sea visible para el usuario y que deba mantenerse hasta que el usuario realice la acción requerida para la obtención del consentimiento.
EJEMPLO:
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y  mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso:
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– Además deberemos incluir:
Definición y función de las cookies.
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Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o también por terceros con los que editor haya contratado la prestación de un servicio para el cual se requiera el uso de cookies, con identificación de estos últimos.
Para más información sobre el uso de las cookies podemos consultar la Guía sobre el uso de la cookiesde la Agencia Española de Protección de Datos.
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¿Qué es una marca y qué ventajas tiene el titular al registrarla?

Artículo publicado en La Nueva Ruta del Empleo, el 20 de septiembre de 2013.

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los otras.

Al contrario de lo que ocurre con la propiedad intelectual, que se reconocen los derechos desde el momento de la creación, para los derechos de propiedad de una marca es necesario su inscripción en el registro de marcas.

La marca se concede por diez años desde la fecha de solicitud y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

Las ventajas de registrar la marca son las siguientes:

-Garantizar el derecho exclusivo a utilizar la marca para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente.

-Autorizar a un tercero su uso mediante contratos de licencia (ejemplo franquicias)

-Ejercer acciones legales contra los competidores desleales por utilizar la marca registrada o signos distintivos similares:

◦       Acciones penales en contra de competidores por uso malicioso de la marca y obtener el comiso de las mercaderías falsificadas

◦       Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de su marca.

Formas de proteger nuestra marca:

Tenemos varias formas de proteger nuestra marca, en función de la protección que le queramos otorgar:

1º) Si queremos protección que se extienda a todo el territorio nacional, debemos registrarla en la Oficina Española de patentes y marcas (OEPM).

2º) Si queremos explotar nuestra marca en cualquiera de los 28 países de la unión europea, necesitaremos una marca comunitaria, y deberemos inscribirla en la Oficina de Armonización del mercado Interior (OAMI).

3º) Por ultimo, podemos solicitar protección de una marca internacional mediante un único procedimiento, el registro de una marca nacional en diferentes países, de entre los que estén adheridos al Arreglo de Madrid o al protocolo de Madrid, para ello tendremos que inscribirla ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

 

 

 

 

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¿Qué responsabilidad tiene los prestadores de servicios que faciliten en laces a contenidos?

¿Sabes ya como utilizarlas?
Tras la reforma del Código Penal que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, y que está a la espera de la aprobación definitiva en el Parlamento, todo el mundo se pregunta cómo afectará a las web de enlaces y a sus usuarios.

Hasta este momento sólo se castiga personalmente a quién “reproduzca, plagie, distribuya o comunique” obras protegidas con derechos de autor y no cuente con la autorización del titular de las obras.
Según la redacción actual del artículo 270 del Código Penal:

“Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quién, con ánimo de lucro, y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través  de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de propiedad intelectual o de sus cesionarios”. 

Como podemos observar, esta redacción no dice nada sobre las web de enlaces, y por tanto, es difícil de encajar este tipo de comportamientos en algunas de las conductas que son sancionadas penalmente.
Por ello, la mayorías de las sentencias, entre ellas, las sentencias de La Audiencia Provincial de Álava, del juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008, consideran que una web de enlaces no vulnera la propiedad intelectual.

Los magistrados sostienen que el sitio que únicamente facilite enlaces será responsable si tras conocer formalmente la ilicitud del contenido al que dirigen, no responde adecuadamente a la petición de retirada, conforme al artículo 17 de la Ley de Servicios de la sociedad de la información (LSSI-CE).

La sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a, de 17 Sep. 2008″ dice: “Sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva”

La acción de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas).

Por el contrario, existe alguna sentencia como la del Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia, en el juicio oral número 15/2013 que ha dictado sentencia condenando al propietario de tres webs por enlazar ilícitamente a contenidos protegidos, constató el ánimo de lucro y argumentó que los enlaces suponen comunicación pública.

Al ser difícil que los casos puedan prosperar en vía penal,  el Gobierno a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, creó la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo, al que dota de potestad para cerrar webs de enlaces por vía administrativa.

Además del citado órgano, con la reforma del Código Penal, el artículo 270 quedaría redactado de la siguiente manera:

“Será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión el que, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comercialice al por menor, facilite el acceso o comunique públicamente en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica […]”

Dicha reforma tipifica la actividad de enlazar a contenidos protegidos por derechos de autor (webs de enlaces), pudiendo ser castigados los administradores de dichas web con penas de hasta 6 años de cárcel, también se pretende acabar con las sentencias favorables a las webs de enlaces e instaurar un criterio único.

En mi humilde opinión, y la de numerosos abogados especializados en esta materia, estas restricciones van a provocar una “autocensura de los usuarios de Internet”. Resulta también paradójico como dice el abogado Almeida el hecho de que “algo que los jueces han dicho que no es delito ahora se criminaliza”.

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¿5 claves a tener en cuenta al vender productos a través de internet?

Artículo publicado en el periódico digital La Nueva Ruta del Empleo,  el 12 de septiembre de 2013.

Cuando vamos a comercializar productos en régimen de “ventas a distancia”, además de las obligaciones que establece la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónica “LSSI-CE”,  que ya hemos explicado en artículos anteriores, debemos tener en cuenta la Ley de Comercio Minorista, y por tanto cumplir con una serie de obligaciones que la ley exige al vendedor, para dotar al consumidor de mayor protección.

La Ley entiende que son ventas a distancia “las celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor”

 

Entre los principales aspectos a tener en cuenta nos encontramos los siguientes:

1º) COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE VENTAS

Las empresas de ventas a distancia deberá comunicar en el plazo de 3 meses el inicio de su actividad al Registro de ventas a distancia, aportando los datos que se establezcan.

 

2º) INFORMACION PREVIA          

Antes de iniciar el procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el vendedor deberá suministrar al consumidor, de forma veraz, eficaz y suficiente, información sobre: su identidad, dirección, características del producto, precios, gastos de entrega y transporte, forma de pago, modalidades de entrega, derecho de desistimiento, etc.

 

3º) CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL COMPRADOR

El comprador deberá dar su aceptación explícita.

 

4º) PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del producto vendido no podrá ser superior a 30 días a partir del día siguiente en el que el comprador le haya comunicado su pedido, salvo que las partes hayan acordado otra cosa.

 

4º) DERECHO DE DESISTIMIENTO

El comprador dispondrá de un plazo mínimo de 7 días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos.

 

5º) INFORMACION POSTERIOR

El consumidor deberá de haber recibido, a la ejecución del contrato, la siguiente información y documentos: Condiciones de ejercicio de los derechos de desistimiento y resolución, dirección del establecimiento del vendedor donde el comprador pueda presentar reclamaciones, información relativa a los servicios postventa y a las garantías comerciales existentes, en caso necesario, condiciones de rescisión del contrato, deberá facilitarse todo por escrito.

 

Este es el actual régimen, aunque estamos a la espera de que se apruebe la Directiva europea 2011/83/EU, las principales novedades son:

  • Se amplia el plazo de desistimiento de 7 a 14 días hábiles
  • Se reduce el plazo de reembolso de los importes pagados por el comprador, en caso de que éste desista de la compra, de 30 a 14 días.
  • Se amplia el plazo de desistimiento de 3 meses a 1 año, para el caso de que no se haya informado al comprador de la posibilidad de ejercer dicho derecho de desistimiento.
  • Se exime al comprador de abonar los costes de la devolución en el supuesto de que no se le haya informado de que debía soportarlos, con antelación a la compra.

Todo ello, con el fin de proteger al consumidor y favorecer la contratación a distancia.

 

 

 

 

 

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¿Obliga la Ley de Protección de Datos a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa?

Artículo publicado en la Nueva Ruta del Empleo el 6 de septiembre de 2013.

Estas últimas semanas hemos escuchado en diferentes medios tratar sobre el tema del formateo del ordenador del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Lo que alegan es que procedieron al formateo del ordenador, y por tanto, a la eliminación de la información que contenía porque la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores cada vez que un usuario lo devuelve a la empresa para que lo pueda utilizar otro trabajador.

Pero ¿realmente obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) a formatear o borrar discos duros de una empresa cuando un empleado se va?

La LOPD obliga al formateo/borrado de discos duros pero con matices. El articulo 92.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD nos dice:

Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior”.

Lo que nos viene a decir este artículo es que hay que borrar la información cuando se vaya a desechar para evitar que se sustraiga esa información por terceras personas.

El procedimiento normal a seguir, según la LOPD, sería que cada vez que un usuario deje de utilizar un equipo que se le había asignado, y se vaya a poner a disposición de otro, la empresa debe borrar la información privada del usuario que ha dejado en el equipo, y el resto de información se reintegre al sistema general de la empresa, ya que puede ser información valiosa y afectar a la gestión de la empresa.

Por ello la LOPD obliga a realizar copias de seguridad de la información, en su artículo 94.1 el decreto dice:

“Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos”.

Por lo que aún si se procediese al formateo de esos equipos para ponerlos a disposición de otro usuario, la información valiosa seguiría estando guardada en otro disco duro general de la empresa.

Además, tenemos que distinguir entre destrucción y bloqueo de datos, ya que cuando son datos relevantes aunque no se vayan a utilizar más porque se haya cumplido con la finalidad para los que habían sido recabados, deberán de quedar guardados en la empresa a efectos legales o a efectos administrativos, de ahí la importancia de hacer copias de seguridad.  Por ejemplo, en el caso Bárcenas, esa información debería estar a disposición de hacienda durante 5 años, pasados esos 5 años y prescritas las acciones, podríamos pasar a la destrucción de esa información.

Otra cuestión importante, es que la LOPD menciona que ante una investigación criminal esa información tiene que quedar guardada en la empresa a disposición de las autoridades.

 

 

 

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¿Qué responsabilidad tiene el administrador de una sociedad limitada? ¿Es responsable subsidiario de las deudas que pueda contraer la empresa?

Artículo publicado el 23 de agosto en el periódico digital «LA NUEVA RUTA DEL EMPLEO»

Como todos sabemos, la legislación española limita en las sociedades limitadas la responsabilidad de los socios a la aportación de capital de cada uno de ellos. Sin embargo, en ciertas circunstancias sí que pueden derivarse responsabilidades a los administradores/socios de dichas sociedades por la mala gestión realizada por éstos.

Para que pueda derivarse responsabilidades a los administraciones deben darse determinadas condiciones para poder acreditar una actuación u omisión negligente por parte del administrador en el desempeño de su cargo.

El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital establece los presupuestos de dicha responsabilidad al disponer que:  “Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo”.

Del mencionado artículo podemos sustraer dos presupuestos diferentes:

1º) La responsabilidad por los daños causados derivados de actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos de la sociedad.

2º) La responsabilidad frente a las obligaciones sociales debido al incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del cargo de administrador que les impone la ley.

La Ley de Sociedades de Capital regula los deberes básicos que el administrador debe cumplir como representante de la sociedad:

1º) Los administradores deben desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario.

2º) Los administradores deben desempeñaran su cargo como un representante leal en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, y cumplirán los deberes impuestos por las leyes y los estatutos.

3º) Los administradores no podrán utilizar el nombre de la sociedad ni invocar su condición de administradores de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas

4º) Los administradores no deben aprovecharse de su cargo para realizar operaciones o negocios para beneficio propio.

5º) Los administradores tienen la obligación de informar a los socios de cualquier situación de conflicto, que pueda tener en relación con los intereses de la sociedad,

6º) Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad.

7º) Los administradores deben guardar secreto de toda información confidencial de la empresa.

El Administrador que incumpla estos deberes inherentes a su cargo, responderán personalmente y con su patrimonio, frente a los socios de la sociedad, por el daño que puedan causar.

El artículo 241 de Ley de Sociedades de Capital enumera los presupuestos que deben concurrir para el ejercicio de la acción individual:

  • Un daño directo a los socios o a los terceros.
  • Que ese acto sea realizado por los administradores en el ejercicio de su cargo.
  • Que sea un acto ilícito o antijurídico.
  • Que exista una relación de causalidad entre el acto lesivo y el daño causado.

Son varios los actos en los que los administradores no actúan con la diligencia debida, y han sido determinados por la jurisprudencia, entre ellos nos encontramos los siguientes:

  • No llevar la contabilidad ajustada a la normativa del Código de Comercio.
  • Confundir el patrimonio entre administrador/socio y sociedad
  • Que resulte impagado un pagaré firmado quien sabe que no hay bienes suficientes para afrontar su pago.
  • Los administradores tendrán que responder además por las obligaciones sociales cuando no procedan a la disolución de la sociedad en los casos siguientes mencionados en el artículo 363 de la Ley Capitales de sociedad:

a)    Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

 

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

 

b)    Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

 

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

 

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

 

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

 

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

 

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos”.

 

Los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

En nuestra opinión, aunque en las sociedades limitadas los socios, en principio no sean responsables con su patrimonio de las deudas generadas por la sociedad, es importante saber, que el administrador si que puede serlo, y responderá son sus bienes presentes y futuros. El administrador representa a la sociedad y gestiona su actividad diaria, por lo que ha de ser consciente del compromiso que tiene con ella frente a terceros, y debe conocer bien cuales son sus obligaciones y deberes en su cargo conforme a la Ley, Estatutos Sociales y los acuerdos entre socios.

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¿Cómo podemos enviar comunicaciones comerciales cumpliendo con la Ley?, y si somos destinatarios de esas comunicaciones comerciales ¿cómo podemos oponernos al envío?

Artículo publicado el 16 de agosto de 2013 en el periódico digital «LA NUEVA RUTA DEL EMPLEO»

En este post  vamos a ver los aspectos legales que afectan a las comunicaciones comerciales electrónicas, dentro de las cuales se engloban no solo las comunicaciones comerciales vía e-mail, sino también las comunicaciones comerciales a través de las redes sociales o profesionales y a través de la telefonía móvil.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la “LSSICE”) define las comunicaciones comerciales como ”toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional”.

En este marco legal, el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas es lo que ha venido a definirse como “spam” o “correo basura”, que está completamente prohibido.

Con el objetivo de controlar el abuso de esas comunicaciones publicitarias electrónicas no deseadas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) faculta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para inspeccionar, y en su caso, sancionar las conductas irregulares que se produzcan.

Además, la práctica del “spam”, puede significar la vulneración del derecho a la protección de datos personales y el incumplimiento de la legislación reguladora vigente (LOPD), ya que hay que tener en cuenta que la dirección de correo electrónico puede ser considerado como dato de carácter personal según la AEPD. En este punto, la LSSICE y la LOPD se complementan para generar un marco regulatorio restrictivo, y protector respecto de los consumidores y usuarios frente a las comunicaciones comerciales electrónicas no deseadas.

La AEPD es, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, el organismo competente para iniciar y llevar a cabo los expedientes sancionadores en materia de “spam”, y en definitiva para tutelar los derechos y garantías respecto de los datos de usuarios en el ámbito de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. La LSSICE establece que corresponde a la AEPD la imposición de sanciones en el caso de infracción por la remisión de comunicaciones comerciales sin cumplir las previsiones estipuladas en su articulado.

La LSSICE regula las comunicaciones comerciales por vía electrónica en sus artículos 19 a 22 estableciendo las siguientes reglas:

Por parte del empresario:

1º)  En las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica (por ejemplo, un email o sms), debe identificarse claramente a la entidad cuyos productos o servicios se están promocionando en dicha comunicación, esta identificación deberá ser de forma clara.

2º) En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra «publicidad» o la abreviatura «publi».

3º) En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.

4º) Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.

5º) En el caso de comunicaciones comerciales electrónicas por email, el email enviado debe contener una dirección válida que permita al destinatario revocar cualquier consentimiento o autorización para la recepción de dichas comunicaciones comerciales que pueda haber realizado anteriormente. Así, el destinatario del email debe poder revocar su autorización para la recepción de estos emails de forma directa y gratuita.

6º) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

7º) Informar de los derechos arco:

A efectos de protección de datos debería incluirse al pie del mensaje los datos del titular o responsable del fichero, y garantizar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

 

Por parte del usuario:

1º) El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, como hemos dicho anteriormente, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

2º) Revisar la información facilitada por su proveedor de acceso a Internet sobre herramientas que permitan el filtrado de contenidos no deseados.

3º) Si una vez que se ha revocado el consentimiento al prestador de servicios, y este sigue enviando comunicaciones comerciales, o si considera que se ha cometido una infracción del artículo 21 o del artículo 22 de la LSSI, diríjase a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

¿Nos merece la pena seguir enviando comunicaciones electrónicas sin adoptar las medidas legales necesarias?

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la LSSICE en materia de comunicaciones comerciales por vía electrónica puede dar lugar a sanciones de multa de hasta 30.000 euros, y en algunos casos, cuando se trate del envío masivo de comunicaciones comerciales, o el envío, en el plazo de 1 año, de más de 3 comunicaciones no solicitadas a un mismo destinatario, sanciones con multas de 30.001 hasta 150.000 euros.

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La contratación por vía electrónica II

Post publicado en el periódico digital «La nueva Ruta del empleo» el día 9 de agosto de 2013.

Las obligaciones del prestador de servicios.

 

En España, para que este tipo de contratación sea válida, la LSSI-CE exige unas obligaciones del prestador de servicios de la sociedad de la información:

A) Obligaciones antes de iniciar el procedimiento de contratación:

 

1º) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

2º) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.

3º) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos.

4º) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

5º) Condiciones Generales de Contratación, de forma que puedan archivarse por el destinatario.

6º) La información que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista exige para las ventas a distancia.

La obligación de información se dará por cumplida si se plasma en la propia página web o, si se emplean terminales móviles, con el link a la página donde la información esté tipificada.

 

B) Obligaciones posteriores a la contratación:

 

El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:

1º) “El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

2º) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario”.

Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.

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La contratación por vía electrónica I

 

Post publicado en el periódico digital La nueva ruta del empleo el 2 de agosto «La nueva ruta del empleo»

 

Lo primero que debemos destacar es si la contratación va dirigido a consumidores “B2C” o a empresarios “B2B”, puesto que los efectos pueden variar sustancialmente, en el caso de dirigirse a los consumidores el interés jurídico es asegurar la protección del consumidor, como parte más débil, en cambio, en caso de celebrarse entre empresas, el interés radica mas en asegurar la eficacia y seguridad jurídica a los contratos celebrados entre las partes.

¿Qué entendemos por contrato electrónico?

Hablamos de contratación electrónica cuando los contratos se celebran entre ausentes, es decir, entre personas que no se encuentren simultáneamente presentes en un mismo lugar.

Un contrato por vía electrónica es todo aquel en el que la oferta y la aceptación de la misma se transmiten por medios electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.

Los sujetos que intervienen en este tipo de contratos son el oferente y el aceptante.

 

¿Existe algún tipo de contratos que no puedan celebrarse por vía electrónica?

La ley menciona los contratos que no pueden celebrarse por vía electrónica, entre los que destacan los siguientes:

-Contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.

-Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas.

 

¿Cuáles son las características de la contratación electrónica?

-Los contratos celebrados por vía electrónica producen todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, siempre que concurran los requisitos para su validez: consentimiento, objeto y causa.

-Agilidad en la contratación (contratación permitida por intercambio de correos electrónicos).

-Transparencia frente al consumidor (información previa).

-Centrado en contratación con consumidores o usuarios

 

¿Cuál es el momento y lugar de celebración de estos contratos?

En cuanto al momento la LSSI en la Disposición adicional 4º establece:

«El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.»

 

El lugar de celebración de los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirá en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico y, en el supuesto que estén firmados electrónicamente, a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica. El soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica es admisible en juicio como prueba documental.

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Principales aspectos legales para comenzar nuestra actividad en Internet: LSSI-CE

Publicado en el periódico digital «La Nueva Ruta del Empleo» el 26 de julio de 2013

A la hora de adaptar nuestro negocio al mundo digital además de cumplir con la normativa que regula nuestro negocio en el mundo desconectado, deberemos tener en cuenta normativa específica como la LSSI- CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) y la LISI (Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información) que sólo tienen contexto para las operaciones en el ámbito digital.

Cuando nos decidimos a tener presencia en Internet, ya sea por una web, blog, etc. lo primero que tenemos que plantearnos, es si en nuestro caso se aplicaría la LSSI-CE y de qué manera.

La LSSI-CE en su artículo 2 recoge el ámbito de aplicación de esta Ley “es de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos”.

Pero ¿qué se entiende por prestadores de servicios de la sociedad de la información? Se entiende como prestador de servicio toda persona física o jurídica que preste un servicio normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del interesado. Por ello, la principal característica es que desarrollen una actividad económica, es decir, que obtengan un beneficio económico de su actividad, aunque sea de forma indirecta.

Entre los servicios de la sociedad de la información se incluyen: la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información, el envió de comunicaciones comerciales, subastas y actividades de intermediación como la provisión de acceso a la red, alojamiento en servidores de información, transmisión de datos por redes de telecomunicaciones.

Una vez que tengamos claro que somos prestadores de servicios, y por tanto, que debemos cumplir con la LSSI-CE, hay que saber que para comenzar a prestar servicios por vía telemática no necesitaremos pedir una autorización previa ni inscribirnos en ningún registro, pero sí cumplir una serie de obligaciones que la Ley nos exige:

1º) La primera y más importante es la obligación de INFORMACION GENERAL , por la que se nos obliga a facilitar de forma permanente, fácil, directa y gratuita la siguiente información:

-Nombre o denominación social

-Si ejercemos una profesión regulada: datos del Colegio, título académico, etc.

-CIF

-Precios de los productos

-Códigos de conducta

2º)DEBER DE COLABORACION cuando nos lo exija un órgano competente.

Cuando un órgano competente hubiera ordenado que se interrumpa la prestación de un servicio o la retirada de determinados contenidos, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

3º) Obligaciones de INFORMACION SOBRE SEGURIDAD.

Los proveedores de servicios estarán obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre:

-Los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información.

-Las medidas de seguridad que apliquen, las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia,

-Las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.

4º) Deber de RESPONSABILIDAD civil, penal y administrativa.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSSI-CE.

Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, dependerá de que tipo de prestador de servicios que sea, si realizan copia temporales de los datos, si son de alojamiento o almacenamiento de datos o si facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

5º) Deber de RETENCION DE DATOS de tráfico.

Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición y sin perjuicio de otros datos que puedan ser establecidos mediante real decreto, los datos indicados en la orden de interceptación legal.

6º) Obligaciones acerca de los DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION de datos “cookies”

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos.

Toda esta información deberemos explicarlo bien en nuestra web a través del AVISO LEGAL, y además de estos aspectos deberemos tener en cuenta todo lo relacionado con la Propiedad Intelectual y la Política de Privacidad, que ya detallaremos, y no os debéis perder, en próximos artículos.

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